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Comisión defiende contratos por RD$133.2 millones y asegura que verificó proveedores; Contraloría mantiene el señalamiento

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Tres adjudicaciones por más de 133 millones de pesos fueron observadas por posibles incompatibilidades de los proveedores en una auditoría de la Contraloría General de la República a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial. La revisión, correspondiente a 2024, también identificó 104 millones de pesos en partidas de gestiones anteriores pendientes de depuración por falta de documentos de respaldo. El informe, fechado el 29 de julio de 2026 y correspondiente al período auditado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, examinó un tramo de la gestión de Ángel de la Cruz Hernández al frente de la CPADP. Según la revisión, la entidad adjudicó contratos por 133,2 millones de pesos a proveedores vinculados a servidores públicos con una participación accionaria superior al 10 % en las compañías contratadas. El hallazgo abre un cuestionamiento institucional, todavía sujeto a las vías administrativas correspondientes, sobre los controles que aplicó la Comisión antes de adjudicar obras con fondos públicos y las razones por las que esas posibles incompatibilidades no fueron identificadas a tiempo. Los tres contratos que encendieron las alertas La primera adjudicación señalada corresponde a Seven Caves Chain S.A., que recibió 68.7 millones de pesos para la reconstrucción del campo de béisbol de Villa Cerro, en Higüey. La auditoría relaciona esa empresa con Ivonne Nicole Jacobo Trigo, identificada como consejera en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con salario de 267,1 mil pesos. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Ingresa tu e-mail Suscríbete Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. El segundo caso es el de Neulin Antonio Reyes Villar, adjudicatario de 28.9 millones de pesos para construir la funeraria de Canca la Reyna, Moca y Monte Plata. Según el informe, Reyes Villar figuraba como ingeniero de obras en el Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand, con salario de 32 mil pesos. El tercer contrato fue adjudicado a Pedro Leandro Almonte Sandoval por 35.7 millones de pesos para la reparación del área exterior del parque arqueológico La Isabela Histórica, en Luperón, Puerto Plata. La Contraloría indica que Almonte Sandoval aparecía como teniente de corbeta en la Marina de Guerra, con salario de 35,9 mil pesos. La gravedad administrativa de esos casos no depende únicamente del monto, sino de la obligación de verificar antes de adjudicar. Si los vínculos señalados por la auditoría podían comprobarse en registros oficiales, la revisión debió activarse antes de comprometer los recursos. El hallazgo debe leerse a la luz del marco que regula las compras públicas: la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, su modificación mediante la Ley 449-06 y el Reglamento de Aplicación aprobado por el Decreto 416-23. Estas normas fijan principios de transparencia, competencia, eficiencia, igualdad, responsabilidad y control previo que sirven de referencia para evaluar adjudicaciones, proveedores, expedientes y posibles incompatibilidades. En ese contexto, los vínculos societarios atribuidos por la Contraloría a proveedores relacionados con servidores públicos no solo abren una discusión administrativa sobre los contratos. También obligan a revisar si la CPADP aplicó los filtros previstos por el régimen de contrataciones públicas antes de adjudicar obras financiadas con recursos estatales. Compras menores y umbrales bajo la lupa El examen también registró 43 procedimientos de compra de bienes y servicios por 33,7 millones de pesos durante el período evaluado, además de los contratos de obra observados por posibles incompatibilidades. De ese universo, un proceso fue por comparación de precios, por 5.1 millones de pesos, equivalente al 15 %. Otros 22 fueron compras menores, por 24.9 millones de pesos, equivalentes al 74 %, y 20 correspondieron a compras por debajo del umbral, por 3.7 millones de pesos, equivalentes al 11 %. MIRA TAMBIÉN JCE llama a militares, policías, menores y extranjeros legales a retirar su nueva cédula JCE llama a militares, policías, menores y extranjeros legales a retirar su nueva cédula Ministerio de la Mujer aclara que proyecto de Ley Mirabal no limita libertad religiosa ni redefine feminicidio Ministerio de la Mujer aclara que proyecto de Ley Mirabal no limita libertad religiosa ni redefine feminicidio Ese reparto no prueba por sí solo una irregularidad, pero exige una revisión cuidadosa. Cuando predominan procesos menores y por debajo del umbral, la institución debe demostrar que hubo planificación, justificación del método escogido y expedientes capaces de descartar fragmentación o uso discrecional del gasto. El control interno que no alcanzó para prevenir dudas El capítulo de contrataciones se lee dentro de un entorno de control incompleto. La Comisión obtuvo 68,32 % en la evaluación del Sistema de Control Interno, una calificación media, pero el componente de actividades de control apenas llegó a 24 %, nivel considerado incipiente. Ese dato es central. Las actividades de control son las que permiten validar requisitos, revisar expedientes, comprobar proveedores, detectar incompatibilidades y dejar constancia de las decisiones antes de comprometer dinero público. La auditoría también señaló la falta de políticas y procedimientos para cuentas por pagar y activos fijos. Ese vacío no convierte automáticamente cada operación en irregular, pero sí debilita la capacidad de explicar cómo se asumieron obligaciones y cómo se documentó la ejecución del gasto. El problema, por tanto, no se reduce a tres contratos. La pregunta de fondo es si la Comisión tenía controles suficientes para sostener, con documentos verificables, la legalidad y conveniencia de sus adjudicaciones. La ruta incompleta del dinero y los bienes La misma debilidad aparece en los registros patrimoniales. En activos fijos, la balanza de comprobación reflejaba un valor final de 44.8 millones de pesos, luego de una depreciación acumulada de 92.5 millones de pesos sobre un balance inicial de 137.3 millones de pesos. El informe reportó una diferencia de 53.9 millones de pesos entre el Sistema Integrado de Gestión Financiera, que reflejaba 186.1 millones de pesos, y el Sistema de Administración de Bienes, que registraba 132.3 millones de pesos. También consignó registros de gestiones anteriores al 17 de agosto de 2020 por 104 millones de pesos en partidas pendientes de depuración, por falta de documentación soporte para sustentar su reconocimiento contable. Estos datos no pertenecen al capítulo de adjudicaciones, pero sí ayudan a entender el problema de fondo: una institución que no logra cuadrar sus registros de bienes enfrenta mayores dificultades para demostrar qué compró, qué recibió, dónde está y quién responde por cada activo. Vehículos y activos: registros que no cuadran El parque vehicular refuerza esa lectura. La Comisión tenía 38 vehículos registrados ante la Dirección General de Impuestos Internos, de los cuales 16 presentaban oposición en la matrícula.

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