Edesur Dominicana informó que un hombre fue detenido cuando manipulaba la red para la reconexión de un suministro en la avenida Las Palmas, del sector Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Operativo de Edesur en Herrera

La acción en flagrancia, realizada por el Departamento Operativo Contra el Fraude y la Dirección de Pérdidas en la calle Juan Pablo Duarte de la zona, originó el traslado del apresado a la Procuraduría Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase), donde quedó bajo custodia.

El detenido fue encontrado in fraganti encima de un poste del tendido eléctrico, con una escalera que utilizó para trepar y herramientas con las cuales se conectaba ilegalmente al servicio.

Llamado a denunciar fraude eléctrico

Edesur exhorta a la ciudadanía a utilizar los canales puestos a su disposición y contribuir con la identificación y prevención de prácticas fraudulentas que afecten la seguridad, calidad y confiabilidad del servicio eléctrico, llamando a su Call Center al número 809-683-9393, visitando el sitio web energiasinfraude.com.do o a través de sus redes sociales y buzones de sugerencias.

Fuente: SIN

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El segundo caso es el de Neulin Antonio Reyes Villar, adjudicatario de 28.9 millones de pesos para construir la funeraria de Canca la Reyna, Moca y Monte Plata. Según el informe, Reyes Villar figuraba como ingeniero de obras en el Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand, con salario de 32 mil pesos. El tercer contrato fue adjudicado a Pedro Leandro Almonte Sandoval por 35.7 millones de pesos para la reparación del área exterior del parque arqueológico La Isabela Histórica, en Luperón, Puerto Plata. La Contraloría indica que Almonte Sandoval aparecía como teniente de corbeta en la Marina de Guerra, con salario de 35,9 mil pesos. La gravedad administrativa de esos casos no depende únicamente del monto, sino de la obligación de verificar antes de adjudicar. Si los vínculos señalados por la auditoría podían comprobarse en registros oficiales, la revisión debió activarse antes de comprometer los recursos. El hallazgo debe leerse a la luz del marco que regula las compras públicas: la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, su modificación mediante la Ley 449-06 y el Reglamento de Aplicación aprobado por el Decreto 416-23. Estas normas fijan principios de transparencia, competencia, eficiencia, igualdad, responsabilidad y control previo que sirven de referencia para evaluar adjudicaciones, proveedores, expedientes y posibles incompatibilidades. En ese contexto, los vínculos societarios atribuidos por la Contraloría a proveedores relacionados con servidores públicos no solo abren una discusión administrativa sobre los contratos. También obligan a revisar si la CPADP aplicó los filtros previstos por el régimen de contrataciones públicas antes de adjudicar obras financiadas con recursos estatales. Compras menores y umbrales bajo la lupa El examen también registró 43 procedimientos de compra de bienes y servicios por 33,7 millones de pesos durante el período evaluado, además de los contratos de obra observados por posibles incompatibilidades. De ese universo, un proceso fue por comparación de precios, por 5.1 millones de pesos, equivalente al 15 %. Otros 22 fueron compras menores, por 24.9 millones de pesos, equivalentes al 74 %, y 20 correspondieron a compras por debajo del umbral, por 3.7 millones de pesos, equivalentes al 11 %. MIRA TAMBIÉN JCE llama a militares, policías, menores y extranjeros legales a retirar su nueva cédula JCE llama a militares, policías, menores y extranjeros legales a retirar su nueva cédula Ministerio de la Mujer aclara que proyecto de Ley Mirabal no limita libertad religiosa ni redefine feminicidio Ministerio de la Mujer aclara que proyecto de Ley Mirabal no limita libertad religiosa ni redefine feminicidio Ese reparto no prueba por sí solo una irregularidad, pero exige una revisión cuidadosa. Cuando predominan procesos menores y por debajo del umbral, la institución debe demostrar que hubo planificación, justificación del método escogido y expedientes capaces de descartar fragmentación o uso discrecional del gasto. El control interno que no alcanzó para prevenir dudas El capítulo de contrataciones se lee dentro de un entorno de control incompleto. La Comisión obtuvo 68,32 % en la evaluación del Sistema de Control Interno, una calificación media, pero el componente de actividades de control apenas llegó a 24 %, nivel considerado incipiente. Ese dato es central. Las actividades de control son las que permiten validar requisitos, revisar expedientes, comprobar proveedores, detectar incompatibilidades y dejar constancia de las decisiones antes de comprometer dinero público. La auditoría también señaló la falta de políticas y procedimientos para cuentas por pagar y activos fijos. Ese vacío no convierte automáticamente cada operación en irregular, pero sí debilita la capacidad de explicar cómo se asumieron obligaciones y cómo se documentó la ejecución del gasto. El problema, por tanto, no se reduce a tres contratos. La pregunta de fondo es si la Comisión tenía controles suficientes para sostener, con documentos verificables, la legalidad y conveniencia de sus adjudicaciones. 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